DECLARACIÓN DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS SOBRE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 13/2010
Madrid, 11/1/11. El Pleno de las Cámaras de Comercio españolas considera que la decisión del Gobierno ha modificado sustancialmente el modelo de funcionamiento de estas instituciones. Al realizarlo sin consulta previa ni un análisis de sus consecuencias pone en peligro la prestación de servicios básicos para la mejora de la competitividad de las pymes.
El modelo que tenían las Cámaras españolas, Corporación de Derecho Público con afiliación y cuota obligatoria, es el que existe en los países de nuestro entorno (Alemania, Francia, Italia, Holanda o Austria, entre otros) y su legalidad ha sido sistemáticamente refrendada por resoluciones judiciales en todos los ámbitos, tanto desde el constitucional español (Sentencia 107/1996 de 12 junio) como en el derecho comunitario (Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea C-271/82, C-58/98 y C-215/01). Además, es plenamente compatible con lo establecido en la Directiva de Servicios.
El sistema de financiación que tenían las Cámaras era un ejemplo de transparencia en la obtención y asignación de ingresos, a diferencia de lo que ocurre en muchas asociaciones privadas, que obtienen buena parte de sus ingresos de ayudas públicas y subvenciones que no son conocidas por la mayoría de la sociedad. Además, permitía que la iniciativa privada gestionara directamente recursos públicos en beneficio de la actividad empresarial.
El Real Decreto Ley mantiene la naturaleza de Corporación de Derecho Público y la obligación de que las Cámaras cumplan con funciones público-administrativas, pero deja la continuidad de estas tareas a los ingresos que se obtengan por cuotas voluntarias y facturación de servicios, lo que pone en cuestión una institución con 125 años de historia al servicio de todas las empresas.
El Pleno del Consejo Superior de Cámaras, además no comparte el planteamiento recogido en la decisión adoptada por el Gobierno de que esta medida sirva para apoyar a las pymes.
La reducción de costes que la medida adoptada supone para las empresas, principalmente las de mayor dimensión (el 0,85% de las empresas pagan el 70% del recurso cameral permanente), es insignificante comparado con el daño que a medio y largo plazo puede tener sobre la mejora de la competitividad del tejido empresarial español, especialmente de las pymes.
Como consecuencia de esta decisión, las pequeñas y medianas empresas tendrán mayores dificultades para acceder a medidas de apoyo e impulso para la internacionalización, la formación, la innovación o el uso de las nuevas tecnologías, cuestiones todas ellas que son prestadas por las Cámaras de Comercio. También los emprendedores tendrán más problemas para crear una empresa. En España no existe otra institución capaz de ofrecer estos servicios a todas las empresas, necesarios para afrontar el “cambio de modelo productivo” que requiere nuestra economía.
En cualquier caso, los Presidentes que componen el Pleno quieren manifestar su firme compromiso con las empresas y la sociedad española.
Las Cámaras harán, por ello, todos los esfuerzos necesarios para defender el interés general, seguir prestando, de la manera más eficiente posible, servicios para la mejora de la competitividad de nuestras empresas y contribuir a la vertebración territorial y social de España.
